Por Héctor Yescas Torres
Las bibliotecas digitales constituyen un nuevo reto para la sociedad. Con ellas se facilitaría los procesos de información en la educación y la capacitación, pero genera problemas en el ámbito económico respecto al uso, distribución y pago de derechos, lo cual requiere de adecuación de bases jurídicas por parte del gobierno.
“Muy pronto, cientos de miles de libros en español estarán disponibles desde el sitio web de "Google Books" (books.google.es), gracias a la digitalización íntegra de textos pertenecientes a las bibliotecas de las universidades de Madrid, Cataluña y Texas” dice Hugo Sandoval Zamora, reportero de El Universal. Esta es solo una de las posibilidades que se pueden encontrar en la red, en México existen bibliotecas en desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el Colegio de México en instituciones educativas; el Instituto Nacional de Geografía e Informática y el Ciberhabitat en el gobierno, así como muchos otros sitios de organizaciones independientes.
Algunos de los accesos a los acervos bibliográficos en línea estarán restringidos para el público en general, sin embargo la tendencia es a que cada vez constituyan en sitios abiertos a todo usuario. Sin duda ello constituye un apoyo para el proceso educativo sobre todo en los niveles medio y medio superior.
El problema es cómo superar la disponibilidad de obras con entera satisfacción de los poseedores de los derechos de autor, quién pagará por los derechos por el consumo público de obras a sus poseedores o qué incentivos puede ofrecer a los autores para que accedan a poner sus obras en línea. Estas interrogantes constituyen un problema habrá de superarse pronto, de cualquier forma la cultura informática se extenderá paulatina pero irremediablemente como forma de interacción social.
Frente a este problema, se requiere la acción del gobierno para dar certeza jurídica a los acuerdos que por ahora se establecen entre los proveedores de servicios de bibliotecas digitales y los autores sin que haya un marco jurídico claro. Tal ves es hora de que el conocimiento sea un bien público por el que un autor cobre regalías con cierto límite y a partir de cierto periodo –dos, cuatro años…- la obra se convierta en un bien público. Tal vez se deberán establecer reglas para que el usuario respete la originalidad de la obra con la respectiva cita de la fuente, pero ¿cómo hacer que eso se cumpla?. Esta es una tarea del gobierno que requerirá apoyo de la tecnología y mucha imaginación.
En general, las bibliotecas digitales constituyen un incentivo más en el camino hacia la informatización de la sociedad, de la cultura electrónica. Las nuevas generaciones son cada vez más nativas de la tecnología de la información. El mercado se ira adaptando a las nuevas realidades y el gobierno obligado a dar respuesta a estos fenómenos.
Por: Héctor Yescas Torres.
En la versión electrónica[1], del último número de la Revista Política Digital de enero diciembre, aparece un artículo escrito por José Luís Becerra que expone en términos generales la propuesta de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (ANADIC) en torno a la creación de “Ciudades Inteligentes y Seguras”. El proyecto pertenece a la ANADIC, “otras instituciones de TI y una firma francesa de financiamiento”, y se propone dotar a los gobiernos estatales y municipales de oportunidades de desarrollo en esta materia mediante la transferencia de las mejores experiencias mediante un pago de renta por el que se obtendría “opciones de infraestructura, capacitación técnica, financiamiento, desarrollo de aplicaciones de software y puesta en operación encaminadas a vincular a la iniciativa privada con los gobiernos”, en otras palabras, se trata de dotar de tecnología para que los gobierno ofrezcan mejores servicios.
Si cada Estado o municipio deseara construir su propia infraestructura informática –nos dice José Luís Barrera- le costaría al erario millones de pesos, por lo tanto el proyecto de la ANADIC resulta viable mediante la renta de “procedimientos, software y telecomunicaciones” ya probadas en otras entidades. El proyecto busca “crear una infraestructura, difundir la idea a la sociedad, capacitarla, implementar este proyecto donde las ciudades inteligentes sean proveedores en renta de un software sobre demanda que ayude a la administración de otro municipio.
En su primera fase el proyecto se propone atender seis “circuitos” principales: control presupuestal, Control municipal, Control de seguridad, Control de salud, Contactos municipales y Control educativo”
Un esfuerzo de esta magnitud constituiría un gran avance en el desarrollo del país, sin embargo, cabe preguntarse si existen las condiciones para llevara a cabo dicho avance y si los gobiernos cuentan con los incentivos suficientes para llevar a cabo dicho proyecto. Ante el nulo crecimiento económico y grandes capas de la población excluidas de los adelantos tecnológicos en el ámbito educativo, ¿podríamos ver una sociedad interconectada entre gobernantes y gobernados por medio de la tecnología informática?
Si la misma pregunta fuese referida a la realidad del mercado, irremediablemente la respuesta sería si. Sin embargo en la esfera pública existen tres condiciones básicas que harán retrazar, quien sabe por cuantos años, un inicio serio de una sociedad electrónica, estas son la Lógica mercantil de las políticas públicas, Insuficiencia de recursos y Analfabetismo electrónico.
UN RUMBO NUEVO A LA HISTORIA
La tecnología es una base fundamental en el desarrollo nacional en esta era de la información y la globalización. Sin embargo, a pesar de que eso constituye una evidencia innegable en los países del primer mundo, en países como el nuestro se padece un severo aninformología[2] por parte del sector público, tanto en los que se refiere a la implementación de instrumentos en su quehacer, así como, en la promoción de estos instrumentos para el resto de la sociedad.
En el país, existen pocas experiencias de informatización de servicios públicos, entre las mas relevantes se encuentran la de la SHCP por la que se puede declarar impuestos, el pago de servicios por vía electrónica y/o asistencia de la banca comercial mediante la denominada “línea de captura”, asimismo, el establecimiento de comunicación vía “platicas en línea” con autoridades, por señalar solo algunos. Salvo por las declaraciones de impuestos o la realización de pagos por servicios, el concepto de ciudad inteligente y segura queda aun lejos.
El desolado camino no solo esta entrampado por la ausencia de una cultura informática del sector público y, en menor medida, de la sociedad en general, otro problema importante lo constituye la hechura de políticas públicas determinadas por la maximización de beneficios respecto de la permanencia en el poder de los gobernantes, aquella obra que más visibles es a los ojos de los electores, es la política con mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, ello no significa que el resultado de la política efectivamente reditué en un mayor desarrollo. Si lo que se pretende es una inversión de los gobierno se orienta a la infraestructura que traerá frutos en el mediano y largo plazo, entonces encontraremos limitados incentivos para crear una ciudad informatizada.
Arribar a una sociedad altamente tecnologizada, requiere de una sociedad autosuficiente en esta materia. El esquema de adquirir tecnología (procesos, software, hardware, etc.) representa un paliativo que resuelve un problema en lo inmediato pero siembra grandes dudas en el largo plazo. La mejor inversión, será la de crear una nueva generación de nacionales educados en esa cultura, el fortalecimiento de las ya existentes para que en el lapso de una generación veamos un país efectivamente electrónico.
Seguramente el mercado acabará por imponer la sociedad electrónica, sin embargo, desde nuestro punto de vista el sector público en México tendrá que superar a su clase política orientada a la conservación del poder mediante la oferta de cosas “visibles y palpables” como mejoras en parques, jardines, avenidas, obras monumentales sin duda útiles, pero que recortan presupuesto a la creación de las condiciones para la entrada en la era electrónica: capital humano, es decir, gasto en investigación y desarrollo, infraestructura para el desarrollo de tecnología tanto del sector público como del privado.
El pesimismo no es la mejor arma del pensamiento, pero en el horizonte parecen los viejos problemas del desarrollo frente al reto que trae consigo la tecnología. La autosuficiencia alimentaria, el desarrollo de procesos industriales y productivos podrían ir de la mano. Ojala encontremos el camino a tiempo y México pueda generar sus propios medios tecnológicos en el concierto de la era de la informática y la tecnología
Por Héctor Yescas.
Desde épocas muy remotas de la humanidad el dinero representa el medio de intercambio de bienes, servicios y trabajo entre organizaciones y personas. En este proceso los bancos constituyeron la organización que dio certeza y confianza al intercambio mediante el uso de la moneda por sus servicios de garantía y seguridad, al mismo tiempo que se convirtieron los potenciadotes del uso del dinero mediante el financiamiento privado, gracias a ese referente histórico.
En la época actual de la evolución es probable que los bancos se transformen y solo respondan como garantes de las transacciones de intercambio, sin la existencia de la moneda, e incluso su estructura puede reducirse a la mínima expresión.
El dinero plástico, el comercio electrónico y el que las organizaciones estén absorbiendo las opciones de crédito es el hecho que esta arrojando estos resultados en la banca actual.
Los bancos ofrecen servicios limitados y caros a las necesidades de las personas. Horarios de servicios no compatibles con las actividades, requisitos de garantía con problemas de accesibilidad –sobre todo para aquellos que no pueden comprobar ingresos-, número de sucursales insuficientes y/o mal distribuidas, además del excesivo cobro de comisiones –que pueden incluso duplicarse al aplicar comisión en una transacción tanto al comprador como al vendedor, cuando el banco es intermediario.
Existe una tendencia de las organizaciones privadas que están ofertando sus propias tarjetas de crédito para ofertar sus productos o servicios, para lo cual el banco es un referente de garantía. Es decir, el cliente no satisface los requisitos del banco sino de la empresa y esta se beneficia directamente de los créditos otorgados, por su parte, el banco es el respaldo de la empresa y sus ganancias provienen de las comisiones por ese respaldo al uso de dinero plástico.
Las organizaciones públicas y las relaciones con los bancos, representan un sistema de transferencias que otorgan valor, y en un futuro ese valor dejara de prescindir de la moneda. El gobierno otorga salarios y servicios a cambio del cobro de impuestos y derechos, el banco es el depositario y garante, pero más que del dinero, del valor que ha de tener el trabajo, los servicios o los productos de intercambio.
El comercio electrónico es el factor que cataliza la transformación de los bancos. Mediante las transacciones en línea se elimina el factor temporal y espacial para realizar las operaciones, ajustando al libre albedrío de los consumidores y oferentes, a cualquier hora y cualquier lugar donde haya una conexión cibernética. Las leyes podrán fijar un cobro único de comisión por transacción integral aplicada al cliente o proveedor según sea el caso. El quehacer del banco estará centrado en los protocolos de seguridad y autenticidad mediante comunicaciones encriptadas de firmas electrónicas; elaboración de bases de datos sobre el comportamiento de de usuarios de la banca, el llamado historial que dará un indicador cada vez más especializado que dictara el nivel de oportunidad en el uso del plástico; así como, las condiciones en las que se garantizara los pagos en línea.
El cambio de los bancos tendrá que ajustarse a las necesidades de las organizaciones y personas. El papel de garante de los intercambios continua siendo el papel principal de los bancos, sin embargo aquel inmueble que de manera inherente denota la función de la banca esta por ser un elemento de museo ello reducirá costos y agilizara los procesos en la operaciones de la banca del futuro.
Por: Héctor Yescas
En la era de la información el desarrollo de los países esta estrechamente relacionado con el nivel de educativo y el consumo y producción de tecnología e innovación. A los factores tradicionales de la producción (capital, trabajo, tierra) se han agregado la tecnología que integra los procesos productivos con las capacidades, habilidades y conocimientos del trabajo.
El desarrollo se mide por el crecimiento de la economía, la competitividad, la producción, el desenvolvimiento institucional, el intercambio comercial, el nivel de capital nacional e internacional, el nivel educativo, el consumo y producción de tecnologías, entre otros factores que indican el nivel de desarrollo de un país.
Las oportunidades de desarrollo de nuestro país se encuentran entonces en las estrategias de adaptabilidad a las nuevas realidades del orden mundial. Si México quiere lograr el desarrollo entonces tendrá que establecer políticas que eleven los indicadores señalados, pero fundamentalmente incentivar el crecimiento de los niveles educativos, el desarrollo de consumo y producción de tecnologías y la adecuación del marco jurídico y regulatorio del Estado.
México
En los últimos 10 años el país ha caído del lugar 32 al 55 en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, es decir que en los últimos seis años ha retrocedido 24 posiciones; en términos del desarrollo institucional esta ubicado en el lugar 71; en relación con el cumplimiento del estado de derecho ocupa el lugar 79; y de nivel de corrupción México se posiciona en el lugar 60[1]; todos estos indicadores elaborados por el Foro Económico Mundial De acuerdo con el Ranking de Desarrollo Humano[2], México ha tenido un considerable descenso, en un periodo de 27 años su indicador bajó del número 38 al 53.
RANKING DE DESARROLLO HUMANO |
Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo |
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
MEXICO | 38 | 41 | 43 | 49 | 47 | 54 | 55 | 53 |
No es de extrañar que el “Informe de Asuntos Críticos”[3] –elaborado por Instituto de las Américas, The Competitive Intelligence Unit, la Universidad de California en San Diego y la Embajada de los Estados Unidos en México convocados por el propio Instituto- señale que “México no ha incrementado sus niveles de competitividad y no ha logrado equipararse con países de la región”. Dicho informe concluye que en el país se deben realizar reformas a los sectores de “educación, infraestructura, salud y tecnologías de la información y comunicación” por lo menos. Las oportunidades de desarrollo se ubican –nos dicen los autores- en el incremento del nivel de escolaridad, el incremento de cobertura y oferta de servicios de telecomunicaciones, reformas en materia de transparencia y sistema judicial, además de flexibilizar las condiciones de inversión.
Asegurar las condiciones de desarrollo para las generaciones futuras requiere de políticas coordinadas en ese horizonte. Políticas para elevar el nivel y la calidad de la educación orientadas a mejorar las habilidades, capacidades y conocimientos del trabajo nacional; educación con un fuerte impulso sobre y para las nuevas tecnologías, superando el enfoque manufacturero orientado a prepara mano de obra barata. Adicionalmente, reorientar los incentivos de producción de los centros públicos y privados encargados de la investigación científica, estos deben presentar resultados que mejoren la aplicación de procesos e informatización de los mismos en los sectores privados y públicos; e, incentivar la investigación aplicada.
En materia de reformas, la transparencia debe basarse en la informatización del sector público –lo cual puede disminuir la corrupción- que permita un acceso amplio y rápido de la información, así como, ofrecer las condiciones para la ciudadanía se involucre en las tomas de decisión e implementación. Asimismo, se debe asegurara jurídicamente la competencia que permita ofrecer más y mejores productos y servicios con mejores precios cada día, impulsando la pluralidad en igualdad de circunstancias para los nacionales respecto a la protección foránea en el caso de que exista.
La distribución del ingreso es una necesidad que no debemos descuidar si no queremos que se convierta en un bumerang. En este sentido la política social sigue siendo el mejor de los instrumentos para redistribuir el ingreso nacional, sin embargo la mayor parte de este gasto debe adquirir un papel dinámico orientándolo a la obtención de valor productivo mediante el fortalecimiento de las posibilidades educativas en las edades tempranas y la capacitación para los sectores marginados y vulnerables de la sociedad.
Por este camino, en pocos años se estaría en posibilidades de lograr el desarrollo del país. De lo contrario seguiremos cediendo posiciones de liderazgo en América Latina y el mundo.
Becerra, José Luis. Reformas integrales: asunto crítico para lograr la competencia; Política Digital, Investigaciones, edición electrónica del 28 de febrero de 2007. www.politicadigital.com.mx.
Por Héctor Yescas Torres
En el reciente número de la revista Política Digital, en su versión electrónica, aparece un interesante artículo[1] sobre los esfuerzos de desarrollar soluciones electrónicas en los niveles de gobierno estatal y municipal. El propósito de esta política es “fomentar el crecimiento y el desarrollo del mercado de tecnologías de la información (mediante la creación de) oferta de valor tecnológico (…) a través de un modelo de atención y especialización por regiones”.
Este esfuerzo representa una iniciativa complementaria a las políticas de este ámbito que inició en 2006 con el denominado programa “@prendamos-Gobierno”, su objetivo concreto es “lograr la profesionalización informática de los funcionarios como asesores de TI”.
La iniciativa gubernamental cuenta con el apoyo de la empresa ORACLE e instituciones cono el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), y ya ha logrado capacitar en temas como bases de datos ORACLE y de la suite Fusion Middleware, entre otros, a casi 500 funcionarios públicos en diez ciudades del país.
De acuerdo con esta empresa los beneficios de este programa es obtener “la oferta completa de productos y soluciones (…) tecnológicas y de negocios”. Mediante un vinculo estrecho y personalizado entre “las instituciones públicas, empresas y la academia de cada lugar”. El programa esta dirigido a los funcionarios a nivel de dirección o gerencia de Tecnologías de la Información, así como del las áreas de Finanzas y Operaciones.
ORACLE informó que su programa iniciará el 16 de enero en la ciudad de Chihuahua y continuará en Veracruz, Mexicali, Hermosillo, Querétaro, Puebla, Mérida, Guadalajara, Aguascalientes y Culiacán e incluye tres grandes temas: “Grid Computing, Seguridad, Integración y SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) para ayudar a cumplir las metas de optimización, mejora de procesos, seguridad de información y cumplimiento de las regulaciones” y se divide en cinco regiones: Zona Norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Zona Bajío: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; Zona Occidente: Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán; Zona Sureste: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y, Zona Centro: Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Este esfuerzo esta orientado a mejorar los procesos internos y la atención a los usuarios de servicios prestados por los niveles de gobierno, prestemos atención a su desarrollo pues los beneficios están aun por verse.
www.politicadigital.com.mx, BECERRA, José Luis, “Atención regional, la clave estratégica de Oracle”, Política Digital, diciembre-enero 2007.
Por Héctor Yescas Torres
La empresa aseguradora Mapfre, ha desarrollado por más de dos años tecnología de la información (TI) relacionada con el uso facturación electrónica y hoy se declara “lista para operar con sus proveedores, ejecutivos de venta y clientes”. De acuerdo con sus desarrolladores la factura electrónica “disminuye gastos de operación, facilita sus procesos y evita el uso del papel”. Por su parte, un representante del SAT asegura que hasta el día de hoy “se han realizado más de un millón de certificados de Facturación Electrónica, y se han emitido 3 millones de comprobantes ... y se tienen contabilizados mil 800 contribuyentes con este sistema”
El desarrollo de este proceso mediante TI representa la evolución del comercio electrónico y, al mismo tiempo, una importante oportunidad de que el gobierno mejore sustancialmente sus procesos de recaudación y fiscalización de entes físicos o morales.
Comercio Electrónico
La factura electrónica constituye un elemento importante en la evolución del comercio electrónico en nuestro país. Tal como lo señala la empresa Mapfre, para el sector empresarial el desarrollo de esta tecnología representa la disminución de costos y con ello la oportunidad de mejor el precio y/o la calidad de los servicios o productos. Ello implica que las TI van ganando terreno en la confianza y la certidumbre que requieren para que el comercio electrónico se consolide.
Las ventajas y también las obligaciones, impactan a toda la cadena de la producción y los servicios. Esto quiere decir que también los proveedores y clientes se verán beneficiados por la disminución de costos y el manejo eficiente de la información. La factura es un documento que además de control fiscal, ayuda a controlar los ingresos y, en su caso, entradas y salidas de almacén; por lo que el documento electrónico hace más eficiente su control. Asimismo, las empresas que no estén familiarizadas con esta herramienta se verán obligadas a capacitarse en su uso, en la medida que se abra campo en la vida cotidiana la factura electrónica.
Gobierno Electrónico
Desde luego también el sector público se beneficia de las ventajas en términos de costos y procesos más eficientes, sin embargo su gran oportunidad se ubica en el manejo de grades volúmenes de información, lo cual permite que sea una herramienta sólida de recaudación fiscal para el gobierno.
Para darnos una idea de lo importante del volumen de información tan solo consideramos que en 2006, los ingresos tributarios del gobierno representan el 15% del presupuesto total de la federación –entre los países más bajos de la OCDE; y el padrón de contribuyentes se ubica en 22.3 millones de personas
Por otra parte, el desarrollo de la facturación electrónica permitirá masificar su uso sin retrasos en la presentación de declaraciones fiscales, es decir, la información podría ser reportada en el momento mismo de efectuar la operación comercial lo cual permite que las entidad fiscal este enterada de los movimientos de las personas físicas y morales. De tal suerte que el gobierno tiene la oportunidad de mejorar su recaudación, eficientar sus procesos y realizar un mejor análisis de los movimientos de las entidades con el fin de prestar un mejor servicio.
Por ahora, las obligaciones de quienes reciben o emiten facturas electrónicas, son:
Emisores
· Reportar al SAT mensualmente información de los comprobantes fiscales digitales emitidos.
· Conservar en medios electrónicos actualizados los CFD y tenerlos a disposición de las autoridades fiscales.
· Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los CFD.
· Expedir comprobantes fiscales digitales globales que amparen las operaciones efectuadas con el público en general (a través del RFC genérico).
· Expedir comprobantes fiscales para extranjeros (a través del RFC genérico).
Receptores
· Conservar los CFD recibidos en medios electrónicos actualizados.
· Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los CFD.
· Verificar el RFC y Nombre o Razón Social de los CFD recibidos
Las tecnologías de la información aplicadas en los procesos constituyen un factor de mejoras en diferentes factores del desarrollo social y económico. En este sentido México se abre a la oportunidad de crecer mediante el apoyo de las TI, consolidar la facturación electrónica será una tarea tanto del sector público como el privado. Como ya se menciona su uso mejora procesos, disminuye costos y otorga un mejor servicio, por lo que es primordial incentivar y extender su uso.
Por. Héctor Yescas Torres.
De acuerdo con el “Informe Tributario y de Gestión 2006, 4º cuatrimestre” elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta un padrón de contribuyentes de 22 millones 273 mil personas inscritas, de los cuales 693 mil son personas morales, 8 millones 820 mil son personas físicas y 12 millones 760 mil son personas asalariadas con ingreso al padrón durante los últimos tres años, de 2004 a la fecha.
Para este año de 2006 se realizaron un total de 50 millones 761 mil 904 operaciones, de las que el 62.2% (31, 556,688) fueron realizadas en Internet, el 34.5% (17, 490,630) realizadas en ventanilla y el 3.4% en papel (1, 714,578). Las personas morales realizaron 14 millones 380 mil 483 operaciones de las que el 98.8% (14,352,277) se realizaron en vía electrónica, 0.19% (27,168)en ventanilla y 0.01% (1,038); por su parte, las personas físicas realizaron un total de 36 millones 361 mil 481 operaciones, de las cuales el 47.3% (17,204,411) se realizaron por Internet, el 48.0% (17,463,470) se realizaron en ventanilla y solo el 4.7% (1,713,540). De lo anterior se desprende que las organizaciones llevan la delantera en la actualización de las posibilidades tecnológicas, quizás sobre todo por la tendencia a reducir costos.
De acuerdo con este informe se ha obtenido 28.5 pesos por cada peso invertido del presupuesto asignado a esta entidad, lo cual significa una rentabilidad de 33.1%, la mas alta en la historia de la dependencia. En la sección de multas fiscales cobradas del mismo informe se señala que se obtuvieron por este rubro 3 mil 513.4 millones de pesos que se distribuyeron de la siguiente forma: 17:4% por incumplimientos o pagos extemporáneos; 55.1% por corrección fiscal; 11.6% infracciones a disposiciones de comercio exterior; y, 16% por otros motivos.
Para el año 2006, se reporta un total de 32 mil 748 trabajadores, 6 mil 461 empleados menos que en el año 2000; el detalle de las cifras corresponde a los siguientes números: 28,782 es personal con plaza; 2 mil 519 es personal de honorarios y 1,447 corresponde a personal eventual.
Todos estos números son producto de una serie de aplicaciones de TI orientadas a digitalizar los procesos recaudatorios de la SHCP, particularmente del SAT. Revisar la dirección electrónica de la dependencia lo lleva a uno a descubrir una asombrosa multiplicidad de opciones, información y detalles orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes. Quizá el incremento operaciones a través del Internet sea el reflejo de las necesidades de abaratar costos por parte de las empresas o la evitar perdida de tiempo en molestas filas y eludir la “atención de coyotes” dispuestos a ofrecer el formato ya lleno y la agilización de tramites. Lo seguro es que cada día los contribuyentes se adaptaran por voluntad propia u obligados por la eficiencia operativa de la entidad.
Ojala que ello ocurra muy pronto puesto que la necesidad de incrementar la recaudación y ampliar la base gravable es una necesidad para la precariedad de las finanzas públicas. La mejora continua y la aplicación de soluciones de la entidad la han llevado a ser reconocida como la entidad de la administración pública federal con mayores avances en materia de tecnología. Muy pronto es deseable ver el aumento en la recaudación.
